Evolución del Liberalismo en España: De la Década Moderada a la Revolución de 1868

La Década Moderada (1844-1854)

Las elecciones de 1844 dieron la mayoría a los moderados, quienes formaron un gobierno liderado por Narváez. Este gobierno promovió una política basada en los principios del liberalismo moderado. Posteriormente, se reformó la constitución progresista de 1837 y se aprobó la nueva Constitución de 1845, que recogía las ideas básicas del conservadurismo, como la soberanía conjunta entre el Rey y las Cortes. Además, se buscó mejorar las relaciones con la Iglesia y en 1851 se firmó un Concordato con la Santa Sede, por el cual se suspendía la venta de las propiedades de la Iglesia y se devolvían las no vendidas. A cambio, la Santa Sede reconoció a Isabel II como reina y el Estado se comprometía a sostener a la Iglesia española.

El Bienio Progresista (1854-1856)

El autoritarismo del gobierno moderado provocó la oposición y el levantamiento de progresistas y demócratas. Esta unión llevó al pronunciamiento de Vicálvaro en junio de 1854, liderado por el general O'Donnell, quien fundó un nuevo partido: la "Unión Liberal". Los rebeldes redactaron el Manifiesto de Manzanares, donde se exigía la aplicación de la Constitución de 1845 y la reforma de la ley electoral. Posteriormente, la presidencia recayó en Espartero y O'Donnell fue nombrado ministro de la Guerra.

En materia de legislación económica, las líneas de acción más importantes del gobierno liberal fueron la desamortización de bienes, llevada a cabo por el ministro Madoz, que afectó a propiedades comunales y eclesiásticas. Gran parte de los ingresos se invirtieron en la red ferroviaria. Por otro lado, se buscó consolidar la estructura del nuevo Estado liberal basándose en los principios de centralización, uniformidad y jerarquía. Se emprendió una reforma fiscal y se reformó la administración pública.

Además, la ley de administración local estableció que los alcaldes de las ciudades con más de 2000 habitantes fueran nombrados por la Corona. Finalmente, los gobiernos moderados no lograron la estabilidad política deseada y, tras varias propuestas fallidas, una nueva revolución en 1854 permitió a los progresistas regresar al poder, poniendo fin a diez años de gobierno moderado.

El Proceso de la Revolución Liberal (1833-1868)

La voluntad de Fernando VII estableció la institución de un Consejo de Gobierno para asesorar a la regente María Cristina. Este consejo, presidido por Francisco Cea Bermúdez, estaba compuesto por absolutistas. La única reforma importante emprendida por este gobierno fue la nueva división provincial de España, caracterizada por la falta de uniformidad y el paso a la unidad administrativa. Así, España quedó dividida en 49 provincias. Sin embargo, a medida que la revuelta carlista avanzaba, el trono isabelino comenzó a tambalearse por falta de apoyos sólidos. Esto llevó a la regente a nombrar un nuevo gobierno capaz de obtener el apoyo de los liberales. El elegido fue Francisco Martínez de la Rosa, un liberal moderado.

Martínez de la Rosa propuso promulgar un Estatuto Real, que no era ni una constitución ni una carta otorgada, sino un conjunto de reglas para la convocatoria de las Cortes. Pronto se hizo evidente que las reformas eran insuficientes. La división entre los liberales se acentuó, surgiendo dos tendencias principales que dominarían la vida política española: moderados y progresistas.

El Poder Progresista

Los progresistas, descontentos, tenían su fuerza en el dominio del movimiento popular, en su fuerte influencia sobre la milicia y en los comités revolucionarios. Posteriormente, los progresistas protagonizaron una oleada de disturbios por todo el país y la mayoría de las juntas apoyaron sus principales demandas: reunión de las Cortes, reorganización de la milicia y libertad de prensa. En esta situación, María Cristina llamó a formar parte de un gobierno progresista a Mendizábal, quien inició la reforma del Estatuto Real.

En resumen, los progresistas asumieron la tarea de desmantelar el Antiguo Régimen y crear un sistema constitucional de monarquía parlamentaria. La primera medida fue la reforma agraria liberal, llevada a cabo en 1837 en tres etapas: la disolución del régimen señorial, la desvinculación y la desamortización. Junto con la abolición del régimen señorial y la transformación de la propiedad, varias medidas de libre funcionamiento del mercado completaron la liberalización de la economía.

Más tarde, el gobierno progresista convocó Cortes extraordinarias para redactar un texto constitucional que adaptara la Constitución de 1812 a los nuevos tiempos. Este documento fue aprobado y promulgado en junio de 1837. Recogía algunos principios básicos del progresismo, como la soberanía nacional, pero también elementos más moderados, como la división en dos cámaras (Congreso y Senado) y la concesión de mayores poderes a la Corona. También se aprobaron otras leyes, como la ley de imprenta y la ley electoral.