Regencia de María Cristina y Espartero durante el reinado de Isabel II (1833-1843)
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Isabella II (1833-1843): LA REGENCIA
1. Regencia de María Cristina (1833-1840)
Coincide con la primera guerra carlista. Tras la muerte de su marido Fernando VII y al ser menor de edad su hija Isabel (la futura Isabel II), María Cristina de Borbón-Dos Sicilias asume la regencia, apoyada por los liberales, aunque sus ideas eran absolutistas.
Cea Bermúdez, jefe de gobierno tras la muerte de Fernando VII, continuó una política basada en el reformismo ilustrado. Su principal medida fue la división provincial (49 provincias), realizada por el ministro Javier de Burgos a finales de 1833, buscando centralizar y unificar un territorio estructurado anteriormente en jurisdicciones señoriales, eclesiásticas y reales. Pero la medida fue insuficiente para los liberales y María Cristina se vio obligada a nombrar primer ministro a Martínez de la Rosa, un liberal moderado, cuyos objetivos principales fueron realizar la transición al liberalismo y frenar la sublevación carlista.
En 1834 se promulgó el Estatuto Real, una carta otorgada concedida por la Regente que concedía las siguientes reformas:
- Establecimiento de unas Cortes bicamerales, constituidas por un Estamento de Próceres, compuesto por los grandes de España, arzobispos y otros nombrados por la regente de forma vitalicia, y el Estamento de Procuradores, restringido por sufragio censitario, que solo podían elegir hombres mayores de 30 años con una renta superior a 12.000 reales anuales, unas 16.000 personas.
- Las funciones de las Cortes eran limitadas, consistían principalmente en el asesoramiento a la Corona. Cualquier ley, además de la aprobación de las Cámaras necesitaba el consentimiento del rey (veto). El monarca mantenía la capacidad de convocar y suspender las Cortes a voluntad.
Las reformas de Martínez de la Rosa provocaron el descontento de ambos bandos, por considerarse insuficientes. Este hecho, unido a la guerra carlista y a la epidemia de cólera, explica la división del liberalismo en moderados y radicales o progresistas y las revueltas que se produjeron en el país, con quema de conventos, asesinatos de sacerdotes acusados de inmovilismo absolutista y quema de fábricas como la de Bonaplata en Barcelona (una de las primeras manifestaciones del movimiento obrero).
En el verano de 1835 se producen juntas en las principales ciudades, pidiendo la convocatoria de Cortes Constituyentes, libertad de imprenta, aumento de la Milicia Urbana, confiscación y desamortización eclesiástica y supresión del clero regular. Ante esta situación, la Regente nombró primer ministro a Juan Álvarez Mendizábal, liberal progresista, que inicia una serie de reformas, la más famosa es la desamortización de los bienes de la Iglesia para sufragar los gastos de la guerra (redujo en un 40% la deuda). Además, reorganizó el ejército, creó las diputaciones provinciales, abolió la Inquisición y los gremios, las pruebas de nobleza y la Mesta y una ley electoral que amplió el derecho al voto.
Pero las revueltas no cesaron. En 1836 un grupo de jóvenes oficiales se sublevó en La Granja, obligando a la regente a suspender el Estatuto Real y restablecer la Constitución de 1812. La Regente nombró entonces jefe de gobierno a José María Calatrava, que nombró ministro de Hacienda a Mendizábal para que continuara la labor de acabar con los restos del Antiguo Régimen. Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, que serían elegidas a finales de 1836. Durante la discusión del nuevo texto constitucional se enfrentarán las dos tendencias del liberalismo, moderada y progresista.
En 1837 se aprobó una Constitución progresista que establecía una monarquía constitucional liberal cuyas características principales son:
- El poder legislativo reside en las Cortes y el rey.
- El rey tiene amplios poderes: sanciona las leyes, veto ilimitado, nombra senadores y a los miembros del gobierno, que debían proceder del partido mayoritario de las Cortes (doble confianza).
- Parlamento bicameral: Los miembros del Congreso son elegidos por sufragio directo censitario, aumentando el número de electores hasta 260.000. Los miembros del Senado son nombrados por el rey entre los elegidos por los electores.
- Incorpora una declaración de derechos, la Milicia Nacional y el jurado popular.
- No declara un Estado confesional, pero reconoce que la religión católica es la que profesan los españoles y la Administración se compromete a mantener el culto y al clero.
El nuevo Parlamento promulgó una serie de leyes entre las que destacan: la disolución del régimen señorial que implica la abolición de los diezmos eclesiásticos, la continuación de la desamortización, los alcaldes y concejales serán elegidos por los vecinos y los ayuntamientos controlarán la Milicia Nacional.
2. Regencia del GENERAL Espartero (1840-1843)
Tras la victoria de los moderados en las elecciones de 1839 se sucedieron varios gobiernos de corta duración. En 1840, el gobierno moderado intenta frenar las reformas proponiendo la devolución de los bienes al clero, el restablecimiento del diezmo, la limitación de la Milicia Nacional y una nueva ley de ayuntamientos. Esta última ley que preveía el nombramiento de los alcaldes por la Administración es el motivo que une a progresistas y revolucionarios en las ciudades. El general Espartero asume las peticiones de las Juntas y obliga a María Cristina a abandonar la regencia y es nombrado regente, tras un breve periodo interino.
Espartero inicia una práctica habitual en España hasta 1875: el control del poder político por parte de los militares. Su forma de gobierno autoritaria le sirvió para reprimir duramente las sublevaciones de los moderados Urbiztondo, Diego de León y Montes de Oca y provocar el descontento entre los progresistas al verse marginados.
En 1842, tras firmar un tratado de libre comercio con Gran Bretaña, se produce la revuelta de Barcelona, donde la entrada en vigor del tratado perjudicó a la industria textil, a la burguesía manufacturera y a los trabajadores. La represión fue excesiva, incluyendo el bombardeo de la ciudad. Sus actuaciones le hicieron perder un apoyo considerable, formándose una alianza en su contra en la que se unieron moderados y progresistas, que en el verano de 1843 protagonizarán un golpe de estado militar que obligará a Espartero a abandonar la regencia y el país quedará en manos del general Narváez.